A dos años de la entrada en vigor de una reforma al Código Fiscal de la Federación que permite la posibilidad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha congelado 25 mil cuentas bancarias de empresas a las que se les fincó un crédito por morosidad, evasión o elusión.
De éstas, 10 mil fueron inmovilizadas el año pasado, y 15 mil en lo que va de éste, con la novedad de que en ningún caso se ha logrado anular la medida, pese a los juicios entablados por los contribuyentes.
De hecho, la mayoría de las firmas afectadas se ha declarado o está por declararse en quiebra ante la imposibilidad de pagar a sus proveedores y a su propio personal.
Más aún, se dan casos de empresas que habiendo garantizado el pago del crédito no tienen vías aún para recuperar sus cuentas.
Se diría, pues, que el remedio resultó peor a la enfermedad. El escenario plantea el reto mayor para la recién creada Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, cuya titular, Diana Bernal, de filiación perredista, se encuentra prácticamente atada de brazos ante la inaudita inexistencia de un reglamento a la ley que creó el instrumento.
Dicho con todas las letras, aunque los objetivos están claros en ésta, las herramientas están aún pendientes.
Se diría, pues, que al gobierno, más concretamente a la Secretaría de Hacienda, no le interesa darle dientes a la instancia. De hecho, la llegada de ésta debió librar una carrera de obstáculos. De entrada, se le dotó de un presupuesto raquítico, apenas suficiente para pagar los salarios de un grupo compacto de colaboradores. Más allá, se le colocó en instalaciones con carácter provisional que, cinco meses después, no alcanzan aún nivel de definitivas.
En el escenario, hasta hoy las únicas quejas que ha podido recoger plantean morosidad del SAT frente a solicitudes de devolución de impuestos o de no reconocimiento de pagos provisionales realizados vía depósitos bancarios en efectivo.
En sus primeras declaraciones, además, la calificada como ombudsman del contribuyente fue desmentida por la dependencia al señalar que en tres años había aumentado 400% el número de cuentas bancarias congeladas.
Lo cierto es que la inmovilización le pega de lleno a las empresas por doble vía: al cerrarse su posibilidad de sobrevivencia y al mantenerse subjúdice la posibilidad de cobro por parte de sus acreedores. Digamos que el castigo para una firma morosa se vuelve carrusel para los que están ligados a ésta, para no hablar de sus propios trabajadores.
Se diría que cuenta que se congela, cuenta que se muere para el usuario ante la imposibilidad de recuperación, por más que su monto sea tres, cinco o 10 veces superior al crédito fiscal fincado.
El absurdo alcanza niveles de escándalo si se considera que la Secretaría de Hacienda, es decir, la que solicitó la inmovilización, no tiene facultades para revocar su petición.
De acuerdo al SAT, para llegar a la congelación de cuentas se requiere un largo proceso. De entrada, se le solicita al contribuyente ponerse al día con sus pagos. Más tarde se realiza un inventario de sus bienes muebles e inmuebles para garantizar el entero de la omisión.
De no conciliar, se llega al escenario extremo.
La paradoja del caso es que el SAT minimiza el embrollo jurídico señalando que las 25 mil cuentas inmovilizadas sólo representan 0.62% del universo de contribuyentes que alcanza 36 millones.
Total, qué tanto es tantito.
El reto está en la mesa de la Prodecom.
Aunque es previsible que los fondos "buitre" Aurelios y Elliot se amparen contra la aceptación del juez que lleva el concurso mercantil al esquema, el Grupo Vitro logró la aceptación de la mayoría de sus acreedores a su propuesta de reestructura de su deuda calculada en 3 mil 400 millones de pesos.
El acuerdo llega tras dos largos años de negociaciones, en un escenario en que se cruzaron desde la negativa original del juez de la causa para darle luz verde a la posibilidad de aceptar integrar a la firma a un concurso mercantil, hasta la petición de los tenedores de bonos de deuda para forzar éste bajo sus condiciones. En paralelo, las partes interpusieron demandas en Estados Unidos. En el caso de los fondos, para intervenir las deudas de las filiales de Vitro en ese país, y en el caso de la firma con sede en Monterrey, para acusar a éstos de realizar actos de sabotaje contra la posibilidad de reestructura. Al final del día los verdaderos ganadores son los 17 mil trabajadores de la firma que preservaron su fuente de empleo.
OTRO JALÓN AL GAP
Firme el dedo en el renglón para adjudicarse la totalidad de las acciones de la serie B en circulación del Grupo Aeroportuario del Pacífico colocadas en el mercado internacional, el Grupo México alcanza ya 26.8% del total.Como recordará usted, el emporio de terminales emitió valores por el equivalente a 85% de su capital. El resto corresponde al paquete de control en poder de tres empresas: dos españolas, Abertis y Aena, y una mexicana, la Controladora Mexicana de Aeropuertos.
Lo curioso del caso es que ante el jaque que representan las compras hostiles de la firma de Germán Larrea Mota Velasco, éstas buscan desesperadamente un arreglo para dirimir los problemas que las han enfrentado en los últimos dos años.
RESPIRO A PEMEX
En afán de aflojar las cintas a la camisa de fuerza con que opera la paraestatal, el PRI, vía el senador Francisco Labastida, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos que plantea flexibilizar la operación de la empresa pública. Se trata de evitar que proyectos calificados como prioritarios y urgentes no tengan que pasar por siete filtros de comités, consejos y direcciones.El trámite se lleva a veces año y medio.
La exposición de motivos del proyecto señala que bajo esa vía se han perdido posibilidades de coyuntura.
CONSULTA BALÍN
De acuerdo con la oposición en el Senado, la consulta pública a que convocó la Comisión Federal de Telecomunicaciones para evaluar si se abre o no una o más cadenas de televisión abierta en el país es espuria, dado que ésta no tiene facultades para ese tipo de ejercicios.La paradoja del caso es que el cuestionario se lanzó con la advertencia previa de que en caso de un sí no habría posibilidad de que Teléfonos de México entrara a la fiesta.
De acuerdo con los legisladores el organismo debe cumplir sin más su tarea de abrir el escenario si hay espectro, y vigilar que exista una sana competencia.
Lo curioso del caso es que la consulta raya en la estulticia, al plantearse preguntas como éstas: ¿Considera usted que la oferta en México de televisión abierta es suficiente? ¿Considera que existe mercado publicitario suficiente para hacer rentable la operación de nuevas empresas de televisión abierta? ¿Cuántas cadenas cree que debieran licitarse en este momento?
